La Constitución del Estado de Arizona define la posición de Procuradora General, electa por el público por un plazo de cuatro años para funcionar como la abogada máxima del estado.
La Procuradora General:
Ejerce jurisdicción sobre las leyes de corrupción pública, delitos de cuello blanco, delincuencia organizada, de derechos civiles y del medio ambiente, así como la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona (Arizona Consumer Fraud Act) y sobre los crímenes que se cometen en más de un condado.
Promueve y defiende litigios en nombre de Arizona.
Supervisa unos 400 abogados y 1,000 empleados.
Elabora opiniones legales formales para las agencias estatales.
Funciona como principal asesora jurídica para la mayoría de las agencias estatales.
Representa a Arizona en cualquier procedimiento legal federal al cual el estado es una parte.
Supervisa a los 15 procuradores de condadoSe desempeña como sustituta en caso de que un procurador de condado tenga un conflicto de intereses.
